¿Cuánto vale el servicio público: el compromiso con la ciudadanía o la habilidad para retirarse con privilegios? La pregunta no es retórica, es incómoda. Y hoy, en Veracruz, cobra una vigencia que desnuda una vieja práctica: la de convertir el cargo en botín y la jubilación en premio.
La reciente aprobación por el Congreso del Estado de la minuta que reforma el artículo 127 de la Constitución no es menor. Establece, con claridad jurídica, que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal. En términos llanos: se acabaron —al menos en el papel— las pensiones doradas que durante años ofendieron a una sociedad que trabaja más y gana menos.
El dato es contundente: 40 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Una unanimidad que, lejos de celebrarse sin matices, obliga a preguntarse por qué una medida de sentido común tuvo que esperar tanto tiempo para concretarse. Porque no se trata de un descubrimiento legislativo, sino de una corrección tardía a una distorsión institucionalizada.
El problema, como siempre, no está en la letra, sino en la voluntad.
El artículo 127 ya establecía que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, en los hechos, la creatividad burocrática encontró rutas alternas: compensaciones, bonos, estímulos, percepciones “extraordinarias”. El salario se disfrazó, se fragmentó, se maquilló. Y así, la ley fue burlada sin violarla frontalmente.
Hoy se pretende cerrar ese boquete con el límite a las pensiones. Bien. Pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿quién va a vigilar que esto se cumpla?
Porque si algo ha quedado claro en la historia reciente de Veracruz es que la impunidad administrativa no se combate con decretos, sino con instituciones que funcionen. Y ahí es donde entran, o deberían entrar, la Contraloría General del Estado y el ORFIS. No como figuras decorativas, sino como órganos de fiscalización reales, incómodos y eficaces.
El caso de la Universidad Veracruzana no es anecdótico. Es paradigmático.
De acuerdo con información difundida por el periodista Omar Zúñiga, el rector Martín Aguilar Sánchez percibía, hasta septiembre de 2025, un salario mensual de 179 mil 776 pesos. Una cifra que, más allá de su legalidad formal, abre un debate legítimo sobre la congruencia en el ejercicio del poder público universitario.
Porque aquí no se trata de linchar mediáticamente a una persona, sino de analizar un modelo. El de una burocracia que, en muchos casos, ha entendido el servicio público como una carrera patrimonial, donde el retiro no es el cierre de una etapa, sino la consolidación de un beneficio económico desproporcionado.
Y es ahí donde la reforma cobra sentido… o lo pierde.
Si el nuevo marco constitucional obliga a ajustar pensiones incluso ya otorgadas, como lo señala la propia minuta, entonces estamos ante una oportunidad histórica para corregir excesos. Pero también ante un riesgo: que la norma se aplique selectivamente, con rigor para unos y complacencia para otros.
No sería la primera vez.
La excepción de las Fuerzas Armadas, de los sistemas de ahorro individual y de las aportaciones sindicales tiene sustento legal y técnico. Pero el resto del aparato público —organismos descentralizados, fideicomisos, empresas estatales— deberá entrar en un proceso de revisión que, si se hace en serio, podría destapar una caja de Pandora.
Porque las pensiones no son un asunto aislado. Son el reflejo de cómo se ha administrado el dinero público durante décadas.
Y aquí conviene recordar algo elemental: el presupuesto no es propiedad del funcionario en turno, es un mandato ciudadano. Cada peso que se destina a una pensión excesiva es un peso que no llega a salud, educación o infraestructura.
Por eso, la discusión no es jurídica, es ética.
No basta con aplaudir la reforma. Hay que exigir su aplicación. No basta con señalar casos mediáticos. Hay que construir un sistema de rendición de cuentas que no dependa de la voluntad política del momento.
Veracruz tiene hoy la posibilidad de enviar un mensaje claro: que el servicio público no es una vía para el enriquecimiento diferido, sino una responsabilidad temporal con límites definidos.
Pero si la Contraloría y el ORFIS vuelven a mirar hacia otro lado, si las universidades públicas se refugian en su autonomía para evitar la transparencia, si los funcionarios siguen diseñando su retiro como si fuera un negocio personal, entonces la reforma será lo que muchas otras han sido: un documento bien redactado y perfectamente inútil.
Porque en este país, el problema nunca ha sido la falta de leyes, sino el exceso de simulación.
Y esa, hay que decirlo sin rodeos, también se jubila… pero con pensión completa.
