Coatepec, Ver., 9 de abril de 2026.— El Ayuntamiento de Coatepec condenó la agresión contra un reportero ocurrida durante una diligencia oficial en la Plaza San Jerónimo y aseguró que los hechos deberán ser investigados por las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades. Al mismo tiempo, precisó que el operativo realizado no implica la clausura inmediata de los locales comerciales, sino un proceso de regularización con plazo de tres meses.
De acuerdo con la información oficial, la intervención se llevó a cabo la tarde del miércoles 8 de abril, cuando personal de Protección Civil, la Dirección de Comercio y la Subdirección de Planeación Urbana notificó a la plaza, ubicada en la calle Jiménez del Campillo número 9, sobre irregularidades administrativas relacionadas con el cambio de uso de suelo, mediante el oficio 101/2026.
El gobierno municipal sostuvo que la agresión al periodista no forma parte de su actuación institucional. En un posicionamiento público, reiteró su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, y rechazó cualquier acto de violencia contra comunicadores o ciudadanos.
Sobre el fondo del operativo, la autoridad municipal explicó que la medida deriva de una queja ciudadana presentada en Cabildo Abierto el pasado 19 de febrero, en la sesión denominada “Cuidado y Protección del Medio Ambiente”, así como de inconformidades recurrentes relacionadas con la operación de la plaza.
El procedimiento administrativo establece que los locatarios contarán con un periodo de tres meses para regularizar el giro de sus negocios ante el Ayuntamiento. Durante ese lapso, podrán continuar con sus actividades mientras cumplen con los requisitos establecidos por la normativa municipal.
El Ayuntamiento subrayó que la actuación se enmarca en la obligación de verificar el cumplimiento de disposiciones urbanas y comerciales, y aseguró que el proceso se desarrollará conforme a derecho.
En su posicionamiento, la administración municipal insistió en que no tolerará actos de violencia y que corresponde a las autoridades competentes investigar la agresión registrada durante la diligencia.
El caso coloca en el centro dos frentes: por un lado, la exigencia de condiciones seguras para el ejercicio periodístico; por otro, la supervisión de espacios comerciales en un municipio donde las quejas ciudadanas han derivado en revisiones administrativas.
