SÉPTIMA PARTE
La relación entre el Gobierno del Estado y la Rectoría de la UV ha pasado por matices complejos. Si bien en un inicio hubo indicios de apoyo político desde figuras cercanas al ex-gobernador Cuitláhuac García y el senador Manuel Huerta para sostener a Aguilar Sánchez, la llegada de Rocío Nahle ha marcado una distancia institucional significativa. La gobernadora ha sido enfática en que el proceso de sucesión rectoral debe ajustarse a la ley, recordándole a la comunidad universitaria que existen requisitos de edad y procedimiento que no pueden ser ignorados.
«Esa es la ruta que deben seguir, así de fácil», ha sentenciado Nahle al referirse al cumplimiento del reglamento interno de la UV. Este llamado a la legalidad es, en los hechos, una desautorización a la maniobra de la prórroga. La gobernadora entiende que su propio proyecto de gobierno, centrado en la austeridad y la eficiencia del gasto, se ve empañado por los excesos salariales en la máxima casa de estudios. Resulta políticamente insostenible defender una «regeneración» mientras se tolera que un Rector perciba más que la propia jefa del Ejecutivo.
El interés de la administración estatal en la UV es legítimo: ampliar la matrícula escolar y mejorar la infraestructura para los jóvenes veracruzanos. Sin embargo, este interés choca con una burocracia universitaria que parece más preocupada por asegurar su jubilación que por abrir espacios para los miles de jóvenes que cada año son rechazados por falta de cupo. La autonomía no puede ser el pretexto para la ineficiencia y el privilegio personal.
